El pasado 2 de agosto, se celebró un Pleno extraordinario con dos únicos puntos en el orden del día, siendo uno de ellos una propuesta del Concejal de Patrimonio para la aprobación de un Convenio Urbanístico entre el Ayuntamiento y una empresa relativo a la Unidad de Actuación Telde-2, en el límite entre San Juan y El Cubillo, de la que dicha persona jurídica es, según consta en el documento presentado, propietaria única de esa “bolsa de suelo”. El motivo de la propuesta consiste en dar salida a unas edificaciones terminadas, propiedad de otra empresa, que se encuentran “bloqueadas”, por no tener salida a calle alguna. Así reza en pocas palabras el fundamento del Convenio. La propuesta aprobada por la mayoría del grupo de gobierno fue defendida, en diversos medios y de cara a la ciudadanía, aludiendo que durante el mandato anterior se habían otorgado unas licencias de obra mayor para ejecutar los edificios hoy bloqueados cuando se tenía que realizar de forma conjunta con el desarrollo de la Unidad de Actuación Telde-2.

Este hecho es incierto por un motivo exclusivamente, ya que el PGO, aprobado en el 2002 por los que hoy dirigen los designios de nuestro municipio y, presentado y defendido por quién eleva al Pleno la propuesta de Convenio Urbanístico, D. Ildefonso Jiménez entonces Concejal de Urbanismo, comete ese error por lo que tiene que ser corregido, pero no vender un Convenio de estas características para “ocultar” otras cuestiones. De hecho, si el Sr. Jiménez piensa que fue así, me extraña que no haya encargado a la Asesoría Jurídica que estudien el tema para que presenten la correspondiente denuncia ante los Juzgados por esa “irregularidad urbanística”, como ya se ha hecho en otras ocasiones por resolución de la Junta de Gobierno Local.

El verdadero motivo del Convenio propuesto al Pleno, no recogido en el documento, se basa únicamente en la falta de conexión de los servicios de la red de saneamientos y eléctrica del nuevo edificio de equipamiento social, educativo, cultural y deportivo ubicado en el Cubillo que necesariamente tienen que pasar por la referida Unidad de Actuación Telde-2. Este hecho es urgente, porque parece que no estaba previsto, lo cual no sorprende a nadie las imprevisiones constantes en las actuaciones del grupo de gobierno, siendo el plazo para finalizar la obra y que cuente con todos los servicios es el próximo 31 de diciembre (Plan Feile I ),según la última prórroga solicitada y admitida, porque en caso contrario el Ayuntamiento podría ser sancionado o en el peor de los supuestos tener que devolver al Gobierno Central, los aproximadamente cinco millones de euros que ha costado el edificio que se ha vendido como la nueva imagen administrativa de Telde.

Pero, voy a pasar a revisar las obligaciones que tienen tanto el Ayuntamiento como la entidad con la que se propone firmar el Convenio. El cuadro de los acuerdos que se pretenden materializar es fácilmente resumible. Por un lado, la mercantil se obliga a:

1º.- Ceder “gratuitamente” al Ayuntamiento la parte de la Unidad de Actuación Telde-2 que va destinada a la calle que “desbloquea” las edificaciones colindantes. Esto es incierto, porque al estar en suelo urbano no consolidado (Unidad de Actuación), cuando la propietaria urbanice está en la obligación de ceder toda la urbanización al Ayuntamiento, y a su vez la Administración municipal en la obligación de recepcionarla a coste “cero”, y previos informes técnicos y jurídicos al respecto.

2º.- Redactar y ejecutar el Proyecto de Urbanización de la Unidad Telde-2 sin coste alguno para el Ayuntamiento. Vamos, lo normal cuando se quiera ejecutar cualquier urbanización en esta clase de suelo.

3º.- Abonar por adelantado a la Hacienda municipal el 10 % del aprovechamiento urbanístico, conforme establece los criterios de los módulos de VPO, que le corresponde al Ayuntamiento como consecuencia del desarrollo de la Unidad de Actuación Telde-2, porque ese aprovechamiento es de 82,33 m2, es decir, por debajo de la parcela mínima que exige la ordenanza edificatoria en la zona. Pero analizando el plano TT2 del PGO, se recogen 300 m2 de patrimonio municipal de suelo en la Unidad de Actuación Telde-2, el cual se desconoce si es propiedad de la Corporación o bien es una carga que tiene el propietario de dicho suelo en beneficio del Ayuntamiento. En ambos casos, el suelo con destino al patrimonio municipal ya no es la cantidad anterior, sino mucho mayor de los 82,33 m2.

Por su parte el Ayuntamiento se obliga a:

1º.- Recategorizar el suelo pasando de suelo urbano no consolidado por la urbanización (Unidad de Actuación) a suelo urbano consolidado. Me pregunto entonces, porque se quiere pactar que la empresa tenga que hacer un proyecto de urbanización, si en el Convenio se reconoce que la zona está dotada de servicios.

2º.- Adaptar el PGO vigente, el aprobado en el 2.002 por D. Ildefonso Jiménez siendo Alcalde D. Francisco Santiago, en lo que se refiere a la zona pactada a través de la Revisión del Plan Especial de Protección y Reforma Interior de San Juan y San Francisco, dado que la Unidad de Actuación Telde-2 se encuentra parcialmente afectada por el PEPRI. Y es en este segundo punto, donde han nacido los problemas para el Ayuntamiento, porque existen múltiples contradicciones en ese Convenio que podrían ser entendidas contrarias al interés general y a cualquier procedimiento legalmente establecido.

El problema nace, porque desde no se sabe donde, se están permitiendo que las obras se empiecen a ejecutar. Curioso, el lunes se aprueba una propuesta en el Pleno y el jueves ya están trabajando en la obra. Uno pensaría que eso es eficiencia, es decir, en el tiempo récord de tres días se ha modificado el PGO, el PEPRI, se ha redactado el Proyecto de Urbanización, cuenta con los informes técnicos y jurídicos favorables, ha pasado el trámite de información pública, se han presentado alegaciones y se han contestado, y por último el Sr. Alcalde ha suscrito el Acuerdo en Escritura Pública. Pero no, eso es aplicar un Convenio que todavía no existe, porque requiere al menos que pase por la Comisión Informativa de Patrimonio, que se publique por un plazo de 30 días en el Boletín Oficial correspondiente así como en uno de los periódicos de mayor difusión de la provincia de Las Palmas, todo ello en aras a la publicidad del mismo; que se apruebe definitivamente de nuevo en el Pleno y que éste le de poderes al Alcalde para que lo formalice en Escritura Pública. Una vez realizado esto, conforme determina el procedimiento administrativo de aplicación, entre otras muchas cuestiones, el Ayuntamiento tendrá que hacer el cambio oportuno en el PGO y el PEPRI para cumplir con lo pactado pero no puede ejecutar obras, como ilegalmente están realizando, sin cumplir con lo estipulado, porque si la COTMAC, como último eslabón de la cadena de Administraciones Públicas que deben intervenir, denegase el cambio en el planeamiento en esa zona, el Ayuntamiento estaría obligado a abonar la ocupación de ese espacio como calle por lo que la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento de Telde sería exigible por parte de la empresa que suscribe el Convenio

Esto es, deprisa y corriendo y a golpe de convenio urbanístico, intento salvar los muebles de la obra del edificio municipal del Cubillo, saltándome las obligaciones que me impone el PGO y, en concreto el PEPRI, ejecutando unas obras sin poder realizarlas porque aquí nadie se entera y porque “yo lo valgo”. Que paguen los platos rotos los que vengan detrás que si repetimos diremos que la culpa es del PP y del que se ponga por delante. Realmente alentador saber que los propios que presentan y aprueban un PGO y el PEPRI lo incumplen de una manera esperpéntica, intentando confundir a la ciudadanía, y con una espada de Damocles encima de las arcas municipales.

Pero es que aún hay más, y realmente preocupante, puesto que D. Ildefonso Jiménez, Concejal de Patrimonio recoge en el Convenio que la adaptación de lo estipulado se reflejará en el nuevo PEPRI de San Juan y San Francisco. Que curioso, el Avance del PEPRI fue aprobado hace un año y tres meses por el Pleno, faltándole la aprobación inicial, la provisional y la definitiva, es decir, un camino muy pero que muy largo. Además, el Sr. Concejal de Patrimonio ha aprobado una modificación puntual relativa a la ampliación del ámbito del PEPRI de San Juan y San Francisco que supuestamente recoge lo que establece el Convenio Urbanístico, porque el lugar del que escribo, la Unidad de Actuación Telde-2, está parcialmente afectado por esa modificación puntual del PEPRI. Este hecho es lo más grave, por permitir ejecutar unas obras contrarias al PGO y al PEPRI, ya que cuando existe una contradicción entre el planeamiento vigente, del año 2002, y el que está aprobado inicialmente automáticamente se suspenden toda clase de obras, como así se recoge en la legislación vigente.

Además, la realización de obras en cualquier zona afectada por un PEPRI requiere la conformidad del Cabildo de Gran Canaria, porque así se establece en las normas jurídicas sobre el patrimonio histórico. Me temo que si el lunes se aprobó el Convenio y el jueves se iniciaron unas obras absolutamente contrarias a derecho, es materialmente imposible que el Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Patrimonio Histórico, haya prestado la conformidad a las obras, dado que el plazo con el que cuenta la Corporación Insular para ello es de 15 días, una aparente irregularidad más.

Las actuaciones contrarias a la legalidad en esa zona, que supongo se están promoviendo desde la Concejalía de Patrimonio y desde la Concejalía de Contratación por ser esta última la que adjudicó la obra del edificio del Cubillo, son cuanto menos un ataque frontal a los principios básicos que deben regir en la materia, pensando que a golpe de Convenio pueden hacer y deshacer a su capricho cuales señoritos andaluces cabalgan por su cortijo.

El Partido Popular ya ha tomado cartas en el asunto, solicitando que se proceda a la paralización inmediata de las obras hasta que se adopten los Acuerdos oportunos del cambio de planeamiento, presentando el correspondiente escrito por el registro general de las oficinas municipales, el viernes 6 de agosto, no vaya ser que el Sr. Alcalde diga que se enteró por la prensa como viene siendo habitual. Igualmente, estos hechos serán puestos en conocimiento a las Administraciones que tendrán que actuar en la materia como son la Consejería de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias y la Dirección General de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias.

Las actuaciones que se están realizando en San Juan ponen una vez más de manifiesto lo que les importa a este grupo de gobierno el patrimonio histórico de nuestro municipio, el PGO y el PEPRI que ellos mismo realizaron, que junto con la falta de voluntad y la desidia se está perpetuando en este tipo de comportamientos cuanto menos de dudosa legalidad, en similitud con otra forma de proceder en un bien inmueble de San Francisco, con un guión escrito y dirigido por Nueva Canarias, mientras el PSOE mira a otro lado permitiendo actuaciones urbanísticas contrarias a lo legalmente establecido como los actores secundarios que han sido a lo largo de esta legislatura, a pesar de tener las competencias en Urbanismo.